La iniciativa, que recibió el respaldo de todas las bancadas en el Senado, obtuvo 60 votos a favor y uno en contra. El lugar se convertirá en un espacio para la memoria. Por otro lado, el Senado sancionó la actualización de la ley de Barrios Populares, que impide los desalojos en asentamientos precarios durante diez años.
El local bailable del barrio porteño de Balvanera en el cual murieron 194 personas por un incendio durante un recital en 2004 se convertirá en un espacio para la memoria.
Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón consideraron que esta ley servirá para “saldar una deuda con la sociedad”.
La norma obtuvo 60 votos a favor y uno en contra durante una sesión especial para declarar de “utilidad pública y sujeto a expropiación” el inmueble situado en Bartolomé Mitre 3038/78, donde funcionó el boliche República Cromañón para destinarlo “a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004”.
La iniciativa de reparación estuvo frenada desde 2005 en la Legislatura porteña por la falta de apoyo del oficialismo porteño, no obstante logró destrabarse este año, a partir del proyecto presentado por un conjunto de organizaciones de familiares y sobrevivientes en el Congreso nacional.
La propuesta tuvo un fuerte respaldo de todas las bancadas, tanto en la Cámara de Diputados, donde recibió la media sanción el 12 de octubre pasado, como en el Senado. Además contó con el acompañamiento del proyecto por parte de la Secretaría de Derechos Humanos nacional que mantuvo un canal de diálogo con las agrupaciones desde 2020.
Durante una conferencia de prensa que ofrecieron antes de la sanción de la ley frente al edificio del Congreso, los familiares y sobrevivientes leyeron un documento en el cual señalaron que “la expropiación es la única forma de lograr que en Cromañón no haya otra cosa que un espacio para la memoria”.
“Este es un momento histórico para el conjunto de la sociedad, representada por senadores y senadoras, que tienen la oportunidad de saldar una deuda con una generación entera. En definitiva, una deuda con la sociedad toda”, destacaron.
Actualización de la ley de Barrios Populares
Por otro lado, el Senado aprobó la prórroga para que no desalojen asentamientos precarios.
La iniciativa, que contó con 64 votos a favor y uno en contra, impide que durante los próximos diez años se puedan llevar a cabo los desalojos judiciales de terrenos en los que se hayan levantado esos barrios.
El proyecto obtuvo el respaldo del oficialismo y de la oposición, aunque hubo una voz disidente: la única que votó en contra fue la macrista cordobesa Carmen Álvarez Rivero.
Se promueve así el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
También propone ampliar el alcance de la norma sancionada en 2018 declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios, prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, y agilizar los procesos administrativos.
