El 3 de junio de 2015 ocurrió el primer Ni Una Menos, una convocatoria nacida a través de las redes sociales y replicada por un amplio conjunto de organizaciones sociales, de mujeres y feministas, en respuesta a una serie de femicidios que venían conmocionando a la sociedad argentina, movilizando alrededor de 500 mil personas en diferentes puntos del país. Este movimiento, que luego se repetiría los años subsiguientes y en otras ciudades y países del mundo, pondría en agenda a la violencia de género como problema público urgente y a los femicidios como su máxima expresión, bajo consignas como “ni una menos”.
Durante el 2020, la justicia argentina registró 287 víctimas letales de la violencia de género, incluyendo femicidios a mujeres cis, mujeres trans y travestis (también nombrados transfemicidios y travesticidios respectivamente), y víctimas de femicidios vinculados*, implicando 1 femicidio cada 35 horas promedio (Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, Edición 2020; Oficina de la Mujer, Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Sin embargo, y reconociendo las dificultades que supone el registro de identidades disidentes, cabe destacar que, mientras en el informe anterior se identificaban al menos 6 transfemicidios / travesticidios, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT registró para el mismo año 10 asesinatos, sumado a 67 muertes por “abandono y/o ausencia estatal”, de mujeres trans y travestis (Informe 2020, Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT; FALGBT, Defensoría LGBT-CABA, Defensoría del Pueblo de la Nación).
Políticas Universitarias contra la violencia de género
Hoy en día, el 80% de las universidades nacionales cuentan con protocolos de actuación para la atención de situaciones vinculadas a la discriminación y violencia de género. En nuestra universidad, desde 2017, contamos con el Protocolo para la Atención de la violencia de género, el acoso sexual y la discriminación basada en razones de género u orientación sexual.
Esta ha sido una política fundamental de intervención que brinda asesoramiento, asistencia y reparación a las personas afectadas por situaciones de violencia y/o discriminación por razones de género, contemplando una variedad de medidas que van desde la prevención y contención hasta medidas pedagógicas, disciplinarias y de permanencia en la institución.
Otra política universitaria fundamental para la prevención de la violencia de género ha sido la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a la Ley 27.499, Ley Micaela, que establece la “Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado”, trasladándola a la capacitación de las autoridades y los diferentes claustros universitarios.
Actualmente, el 93,3% de las instituciones universitarias adhirieron a la Ley Micaela, y es destacable que, pese al ASPO, hubo una sostenida continuidad en la realización de las capacitaciones durante 2020 (Informe Final: Diagnóstico sobre la implementación de políticas de género en el sistema universitario argentino; RUGE/CIN – Spotlight, 2020).
En un nuevo aniversario del primer Ni Una Menos, reafirmamos la importancia de seguir construyendo vínculos e instituciones libres de violencia de género.
